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Residencia principal
Por definición, la residencia principal es la vivienda habitual de una persona. En ella viven esta persona y su familia, y allí se encuentran sus intereses personales, materiales y profesionales. Para la administración fiscal, se trata del lugar de residencia del contribuyente a 31 de diciembre del año de percepción de los ingresos.
No es posible tener dos residencias principales. Por lo tanto, los contribuyentes que posean varios inmuebles deben elegir cuál designar como vivienda principal. No obstante, por motivos profesionales, algunos empleados deben tener dos lugares de residencia. En este caso, pueden declarar una doble residencia. Los gastos de la vivienda utilizada con fines profesionales pueden deducirse parcialmente de la renta imponible.
En comparación con la residencia secundaria, la residencia principal goza de una fiscalidad ventajosa. Entre otras cosas, desde el 1 de enero de 2023, este tipo de vivienda está exenta del impuesto sobre la vivienda. En lo que respecta al IFI (impuesto sobre el patrimonio inmobiliario), se beneficia de una deducción del 30 % sobre su valor. Además, el propietario no paga ningún impuesto si obtiene una plusvalía inmobiliaria al revender el bien inmueble.
Además de estas ventajas fiscales, la compra de una residencia principal le da derecho a diferentes ayudas financieras, como el Prêt à taux zéro (PTZ), el Prêt d'accession sociale (PAS) y el prêt action logement.
A pesar de estas ayudas, esta operación de adquisición, que supone una gran inversión, a menudo requiere el recurso a un préstamo hipotecario. En este caso, también debe contratar un seguro de crédito. Es una forma inteligente de protegerse contra los riesgos financieros potenciales relacionados con el reembolso del préstamo. Aunque no es una obligación legal, este contrato de protección suele ser exigido por las entidades crediticias. Estas exigen la contratación de diferentes garantías, en particular por fallecimiento, PTIA (pérdida total e irreversible de autonomía), IPT/IPP (incapacidad permanente parcial/total) e ITT (incapacidad temporal total). Si se produce alguno de estos eventos, la compañía de seguros se hace cargo del reembolso de las cuotas mensuales durante un periodo determinado (en caso de ITT o pérdida del empleo). En caso de fallecimiento o invalidez, abona el saldo pendiente.
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